La población de la Tierra Indígena Valle del Yavarí atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia debido a la expansión de epidemias de hepatitis B, C y D y malaria, que vienen causando cuantiosas muertes. En esta zona habitan aproximadamente 3,000 indígenas de pueblos ya contactados y un número no determinado de indígenas aislados pertenecientes a siete pueblos. Las acciones de la Fundación Nacional de Salud, de Brasil, FUNASA, no han logrado reducir la incidencia de estas enfermedades. La situación, sumada a la extrema vulnerabilidad de los pueblos aislados y en contacto inicial al contagio de enfermedades externas, por su carencia de defensas inmunológicas para combatirlas, es motivo de gran preocupación entre las organizaciones indígenas e instituciones aliadas, que vienen presionando al gobierno para que adopte medidas que estén a la altura de las circunstancias.

Ver detalles de la situación en la Declaración de Quito (link) y en el libro: El Derecho a la Salud de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial. Actas de la reunión “Hacia el planteamiento de políticas y planes de acción para garantizar el dereco a la salud de los pueblos en aislamiento y contacto inicial”, organizado por CIPIACI en Quito, del 19 al 20 de octubre de 2007.

El pueblo Nükák Makú viene luchando por retornar a su territorio ancestral, entre los ríos Guaviare e Inírida, después que fuera desplazado forzosamente de éste ante la presencia de las FARC y el avance de los paramilitares. La pérdida de su territorio y, por lo tanto, las grandes dificultades que tienen para abastecerse de alimentos, los ha sumido en una grave situación de salud que se refleja en los altos índices de desnutrición que los afecta. Es importante señalar que en los últimos 20 años, la población se redujo en un 46%, principalmente por efecto del contagio de enfermedades externas.

Ver detalles en la Declaración de Quito (link) y en el libro: El Derecho a la Salud de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial. Actas de la reunión “Hacia el planteamiento de políticas y planes de acción para garantizar el dereco a la salud de los pueblos en aislamiento y contacto inicial”, organizado por CIPIACI en Quito, del 19 al 20 de octubre de 2007.

Mateo Sobode Chiquenoi es presidente de la Unión de Nativos Ayoreo del Paraguay – UNAP, una organización creada por los indígenas ayoreo e integrada por distintos grupos ayoreos de las comunidades.

En el marco de la riesgosa y alarmante situación en la que están viviendo los grupos de ayoreos aislados, UNAP co-organiza junta a CIPIACI la reunión internacional "De Santa Cruz a Asunción: Balance y perspectivas de las políticas y acciones de protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial de América del Sur". El líder ayoreo, Mateo Sobode Chiquenoi, desde Paraguay, absuelve nuestras inquietudes.

¿Cuál es la situación de las poblaciones en aislamiento en el Chaco?

Nuestros hermanos Ayoreo aislados se mueven dentro de nuestro territorio ancestral por el norte del Chaco. Sabemos que son mínimo 5 grupos que viven en zonas diferentes. Están corriendo de un lado a  otro por miedo a los ganaderos y sus topadoras que están invadiendo todo nuestro territorio.

Nosotros siempre escuchamos que los blancos dicen “hay que respetar la propiedad privada” pero nosotros no vemos, no sentimos que los blancos respeten nuestra propiedad, nuestro territorio y las zonas donde aun viven los Ayoreos aislados. Los ganaderos, los que comercian con la vida del monte, no respetan nada, destruyen, echan, queman, matan la naturaleza. Los Ayoreos decimos que esta gente mata a nuestra madre Eami, la selva.

La selva es nuestra madre y nos protege, nos cubre con sus brazos que son los árboles, nos alimenta con sus frutos y los animales que nos da.

¿Qué amenazas sufren?

La principal amenaza es que se acaban los alimentos porque los ganaderos hacen tajamares de las aguadas que los Ayoreos conocíamos, perdemos las aguadas, los animales desaparecen, los peces mueren y la gente que vive en el monte se desorienta. Otra gran amenaza es que se achica, se reduce el territorio, la gente se encuentra rodeada de alambrados, desmontes, picadas y caminos que se abren. Cada vez está  más pequeño y sin vida Eami.

¿Que motivó a UNAP a co-organizar la Asamblea anual de CIPIACI, que se llevará a cabo en Asunción este 20 y 21 de noviembre?

Sabemos que las organizaciones Indígenas en CIPIACI están trabajando por la protección de la gente del monte en cada uno de esos países. Entonces nos parece que es bueno organizar una reunión en donde los indígenas hablemos y podamos intercambiar nuestras experiencias,  sin necesidad de que los blancos nos organicen lo que debemos hacer o hablar. Necesitamos saber qué fuerzas y qué problemas tienen nuestro hermanos en su trabajo y ver juntos de que manera podemos trabajar mejor.

Nosotros como UNAP, planteamos la unión de las organizaciones Indígenas, trabajar cerca unas con otras. Necesitamos apoyarnos para hacer respetar las culturas indígenas de nuestros países y hacer respetar el derecho a la vida según su cultura de los pueblos aislados.

¿Cuál es el planteamiento que hace la UNAP al Estado para lograr la protección efectiva de estas poblaciones?

Queremos lograr la recuperación de nuestros territorios “el lugar de donde somos y de dónde venimos” y defender a los que aun viven en nuestros territorios ancestrales, queremos preservar el hábitat y nuestra forma de vida tradicional.

Queremos que el Estado Paraguayo nos reconozca y tenga en cuenta nuestras decisiones y así participar activamente del desarrollo de nuestro pueblo. Buscamos que se haga justicia y se nos devuelvan nuestro territorio, del cual se apropiaron arrancándonos y desterrándonos a otros lugares extraños para nosotros.

Documento: Entrevista completa a Mateo Sobode
Oficina de Comunicaciones CIPIACI

La Comisión Técnica de Biodiversidad del CONAM ha denunciado irregularidades administrativas de la Secretaría  del Ambiente que desconoce hasta la fecha el dictamen que recomienda revocar la Licencia Ambiental otorgada a la empresa brasileña Yaguarete Pora S.A.

Los procedimientos irregulares de la SEAM favorecen acciones de desmonte en la Finca No. 13.122, adquirida en el 2002  bajo conocimiento la vigencia de  trámites destinadas a su conservación.  Se trata de un área de monte virgen, en el Departamento del Alto Paraguay, en el que convergen tres biomas importantes del Chaco Paraguayo, zona de desplazamiento de indígenas Ayoreo Totobiegosode en aislamiento.

El Plan de Uso,  que prevé el desmonte de más de 50.000 hectáreas y los derechos indígenas, presentado por la firma brasileña, representada por Marcelo Bastos Ferraz,  fue elaborado por la consultora  Ana María Macedo Sienra,  a pedido del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) y la organización Natural Land Trust.  Las acciones previstas en este ordenamiento territorial propuesto por la empresa brasileña generarán impactos adversos: pérdida de biodiversidad, tanto genética como de especies, ecosistemas y diversidad cultural. La justificación técnica mencionada propone asimismo la creación de un área de reserva no indígena, en tanto en el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) se tramita desde 1993 la legalización de dicha superficie a favor  de los Ayoreo Totobiegosode y sus parientes sin contacto en el monte chaqueño.

La Organización Payipie Ichadie Totobiegosode (OPIT) se había pronunciado en 1997 en la ciudad de Nueva York, ante el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, manifestando “las topadoras continúan trabajando cerca de los campamentos de nuestros parientes aislados y empresas abren caminos dentro de nuestro territorio ancestral”.  Demandan el cese de trabajos de desmonte y la protección efectiva de sus bosques.  Con el objetivo,  entre otros, de consolidar estas tierras del núcleo del sur del Patrimonio Ayoreo Totobiegosode en el Alto Paraguay, fue ratificado recientemente una Carta-Acuerdo entre la OPIT y el Programa de Naciones Unidas en el Paraguay (PNUD).  Existe alto temor del ingreso de topadoras en el área y de los graves efectos que ello ocasionará. 

Fuente: Gente, Ambiente y Territorio  (GAT)

En diciembre pasado, nuevamente, y tal como lo vienen haciendo desde el año 1993, representantes de la Organización Payipie Ichadie Totobiegosode, OPIT, hicieron público el reclamo de que la totalidad de sus tierras, ubicadas al interior del denominado Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode, en el departamento de Alto Paraguay, sean legalizadas. Contrariamente a lo establecido por la legislación nacional en defensa de los derechos de los pueblos indígenas de Paraguay, sobre sus tierras; en el año 2007 la Secretaria del Ambiente, SEAM, de dicho país, a través de la Declaración Nº 332/07, otorgó una licencia ambiental a favor de la firma brasileña Yaguareté Porá S.A. sobre una extensión de tierras comprendidas dentro del territorio Totobiegosode, por la parte sur.

El 18 de enero del presente año, mediante Decreto Nº 11761, el Poder Ejecutivo de Paraguay declaró Área Silvestre Protegida bajo dominio privado, con el nombre de Reserva Natural de Patrimonio Ayoreo "Punié Paësoi", un área de 3740 hectáreas que años atrás fuera comprada por la ONG Iniciativa Amotocodie, en coordinación con UNAP, con fines de establecer espacios de protección para los grupos Ayoreo aislados en el norte del Chaco paraguayo.   Mateo Sobode, presidente de UNAP  señaló: "Punié Paësoi es algo que se protege porque allí vive gente que hace que el lugar continúe vivo". Iniciativa Amotocodie traspasará la titularidad del área a nombre de UNAP, organización    que se hará cargo de resguardarla.

El 29 de enero pasado, Mateo Sobode, presidente de la Unión de Nativos Ayoreo de Paraguay, UNAP, denunció la amenaza lanzada por el propietario ganadero boliviano Hernán Salazar, de emprender una expedición para contactar a la población Ayoreo en aislamiento que habita en las inmediaciones de su estancia, en el Chaco boliviano, “para evitar que los indígenas ingresen a sus tierras”. Con este fin, el estanciero solicitó apoyo a otro propietario menonita quien aceptó el    pedido. Salazar habría ofrecido, además, importantes sumas de dinero a quien lograra contactar a los Ayoreo aislados. La intervención de las autoridades bolivianas a raíz de la denuncia realizada por UNAP y los pronunciamientos de la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano, CANOB, impidió que la expedición se concretara.

Pucallpa, Ucayali.-  Una fuerte preocupación por parte de indígenas, expertos y autoridades locales y de Brasil aconteció durante el segundo día del I "Encuentro Regional para Garantizar la Protección y el Respeto de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento de la Frontera Perú-Brasil", organizado por CIPIACI y el Centro de Trabalho Indigenista de Brasil.

José Meirelles, jefe del Frente de Protección Etnoambiental del Río Envira, de la Fundación Nacional del Indio de Brasil, FUNAI, dijo que "no por gusto los problemas con los no contactados se danen las zonas propicias para el traslado de madera hacia territorio brasileño. Aunque lo nieguen las autoridades peruanas, la Tala Ilegal es un hecho en el Perú."

Meirelles advirtió que de no tomar acciones de inmediato el futuro de los pueblos indígenas en aislamiento se limita a tres años, como máximo. "Entonces, el Gobierno ya podrá afirmar que los aislados no existen en el territorio peruano, pues los mismos habrán huido al Brasil o de lo contrario habrán desaparecido."

Enfatizó que hace falta un verdadero sistema de vigilancia en el lado peruano, y describió la labor que él lleva realizando hace más de veinte años. "Nosotros caminamos meses, he sobrevolado cientos de horas. No es lo mismo que acudir en una ocasión".

Oficina de Comunicaciones CIPIACI

"Exigir el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en Perú y Brasil", es uno de los veintidós puntos que acordaron organizaciones indígenas y expertos de la sociedad civil para la protección de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIAV) en la denominada "Declaración de Pucallpa".

La Declaración fue aprobada luego de dos días de trabajo durante el I "Encuentro Regional para Garantizar la Protección y el Respeto de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento de la Frontera Perú-Brasil", organizado por CIPIACI y el Centro de Trabalho Indigenista de Brasil.

Al respecto Marcio Meira, presidente de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) de Brasil, recogió con mucho interés el documento y manifestó su soporte, en tanto su institución vela y respalda todas las iniciativas de los indígenas frente al Gobierno de Brasil. Cabe señalar que la FUNAI es una institución del Gobierno Federal de Brasil y está ligada directamente al Ministerio de Justicia.

"Si hablamos de integración sudamericana, esto también comprende protección de derechos humanos. Nosotros como estado brasilero estamos abiertos a esa cooperación". Meira agregó que se reunió con el embajador de Perú en Brasilia y expuso la posición del Estado de Brasil para proponer una cooperación técnica al Perú a fin de cuadrar una agenda social.

"Mucha gente en Brasil se pregunta por qué proteger tanto a los PIAV. Si bien es cierto la población indígena es muy poca en comparación a los 180 millones de ciudadanos brasileños, nosotros nos regimos por una Constitución que establece que la sociedad brasilera es plural, multiétnica y multicultural. Que se respeten los derechos de las mayorías y las minorías", señaló.

Por otro lado, al Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA), se le exigió el cumplimiento efectivo de sus funciones institucionales, especialmente las relacionadas a la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial. "Demandamos al Estado la restitución de las facultades que le concede la Ley de su creación, así como la asignación del presupuesto necesario", señala la Declaración.

Al respecto, Hector Valer, representante del INDEPA, manifestó su pesar por las grandes limitaciones presupuestarias, de marco legal entre otras que tiene su institución. "Hemos pedido al Consejo de Ministros a que el INDEPA pase al MINAM. Se necesita proteger desde el Estado a los PIAV", declaró Valer.

La Declaración de Pucallpa fue aprobada luego de dos días de trabajo durante el I "Encuentro Regional para Garantizar la Protección y el Respeto de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento de la Frontera Perú-Brasil", organizado por CIPIACI y el Centro de Trabalho Indigenista de Brasil.

Solidaridad con líder Arakmbut

Cabe resaltar que la solidaridad para Antonio Iviche Quique, presidente de la Federación Nativa del río Madre de Dios y afluentes (FENAMAD), fue contundente durante todo el Encuentro por los participantes.

En ese sentido el punto culminante de la Declaración demanda al Gobierno y Poder Judicial del Perú, que se deje sin efecto la orden de captura y detención del también coordinador de CIPIACI, Antonio Iviche Quique, dictada por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, en el proceso penal No 2008-157-SP, por haber asumido la defensa de los pueblos indígenas y los intereses de su Región.

Iviche Quique, quien también es coordinador de CIPIACI, es lí­der indí­gena del pueblo Arakmbut con una amplia trayectoria de defensa de los derechos de los pueblos indígenas de Madre de Dios, incluyendo aquellos que se encuentran en aislamiento y contacto inicial. En el año 1997, en su calidad de Presidente de la FENAMAD recibió el premio "Bartolomé de las Casas", de la Casa de España, que le fue entregado por el Prí­ncipe de Asturias, Felipe de Borbón, de España.

Documento: Declaración de Pucallpa

Oficina de Comunicaciones CIPIACI

La decisión de la Parroquia Santa Rosa de Purús de Ucayali, de continuar la construcción de una carretera que interconectará Puerto Esperanza y Madre de Dios, continúa siendo promovida pese a que atenta contra la vida de los pueblos aislados de los ríos Chandless, Yaco y las nacientes del Acre y Tahuamanu.

Según la Federación de Comunidades Nativas del Alto Purús, es el Sacerdote Miguel Piovesan, quien está “empecinado en imponer a los pueblos indígenas, la construcción de una carretera, sin tomar en consideración los impactos socio-ambientales y culturales. No existe ninguna organización social, que apoye esta propuesta”.

En ese sentido, fuentes de FECONAPU señalaron que la población indígena, que representa al 80% del total de la población de la provincia, no respalda la construcción de esta carretera. “Por ello el movimiento del Sacerdote realiza todas las noches a través de su propia emisora una campaña en contra de la FECONAPU, de dirigentes indígenas. Lo mismo sucede con su revista.

Hasta el momento se calcula que la construcción, realizada por miembros de la iglesia y algunos pobladores, ya ha alcanzado el kilómetro 15, pero son miles de kilómetros los que serían construidos que atravesarán la Reserva Nacional del Alto Purús y la Reserva Territorial de los Pueblos en Aislamiento Voluntario de Madre de Dios.

Según Victor Kameno, vicepresidente de la Federación Nativa del río Madre de Dios y afluentes, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha elevado un informe legal al Pleno del Congreso estableciendo que no se puede construir ninguna infraestructura sobre Reservas y áreas protegidas. Por ello, FENAMAD propone el aumento de vuelos entre la ciudad de Pucallpa como solución al difícil acceso de productos a la zona.

Para el párroco Miguel Piovesan, la construcción de la carretera se justifica pues “la única conexión  física con Purus es con Pucallpa y por vía  aérea que es costosa, un viaje de ida y vuelta cuesta mil soles y se hace un pago de 4 soles por kilo”.

Piovesan dice que las organizaciones que se oponen a la construcción están aislando y marginando a la población. Denunció que WWF, entre otras organizaciones, buscan substraer los recursos de los Purusinos “para negociar oxígeno con el Mundo Industrializado”. Además, se refirió a los Madredediosenses como ‘probables invasores de tierras y raptores de mujeres’ en su publicación Palabra Viva, de la Parroquia de Santa Rosa de Purús

Para FECONAPU, los únicos “beneficiarios” de esta propuesta, serian los madereros y comerciantes que ya han iniciado irregularidades para validar sus acciones. La situación se torna muy delicada ya que a la fecha se han efectuado denuncias contra la Federación. Jorge del Águila, Jaime del Águil y Edmundo López fueron los primeros denunciados para culminar con la acusación contra Mauro Shuarez, actual presidente de la FECONAPU.

Como se recuerda, durante la movilización indígena del pasado 9 de agosto los pueblos indígenas del Purús también se movilizaron y realizaron un mitin en Puerto Esperanza con el lema “Por la Defensa de nuestros Territorios y Recursos Naturales, Derogatoria de los DL 1015 y 1073, No a la Construcción de la Carretera”.  Esta acción fue uno de los acuerdos más importantes del IV Congreso de FECONAPU, realizado en diciembre del 2007 en la Comunidad de San Marcos.

Por su parte el vicepresidente nacional de AIDESEP, Robert Guimaraes, hizo un llamado a la Iglesia Católica para que tome medidas correctivas y aplique las sanciones correspondientes al Padre Piovesan, a quien señaló como "un sacerdote que en teoría debe estar por la promoción de la vida, que más bien parece ser de vocería de grupos económicos madereros y de petroleras. De igual manera, ridiculiza creencias y la idiosincrasia de la población amazónica e indígena al hacer referencia a los tunchis y chullachaquis.”

Para Guimaraes la situación de los Indígenas en Aislamiento Voluntario, que a lo menos se traduce en 15 Pueblos dentro de la Amazonía del Perú, es grave. “Se trata de Derechos Humanos que merecen toda la atención y respeto, ya que son víctimas de extrema vulnerabilidad a enfermedades a las que no tienen resistencia. Han sido víctimas también de asesinatos,  principalmente por madereros.”

Oficina de Comunicaciones CIPIACI

CIPIACI y el Centro de Trabalho Indigenista anunciaron el primer “Encuentro Regional para Garantizar la Protección y el Respeto de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento de la Frontera Perú-Brasil”, del 30 al 31 de octubre en la ciudad de Pucallpa, en el departamento de Ucayali, Peru.

Considerando la gravísima situación de vulnerabilidad en la que sobreviven los indígenas no contactados de la frontera y la latente necesidad de una articulación binacional y multisectorial, el Encuentro busca formular un plan de acción conjunto que involucre a los gobiernos, las empresas y la sociedad civil de Brasil y Perú, con la finalidad de garantizar los derechos de esos pueblos.

El Encuentro contará con la participación del Gobierno de Brasil, a través de la presencia del Dr. Márcio Meira, Presidente de la Fundación Nacional del Indio FUNAI, institución del Estado Federal brasileño, así como de José Carlos Meirelles, del Frente de Protección Ambiental del río Envira, entre otros altos funcionarios del país vecino.

En representación del Perú, participarán organizaciones y federaciones indígenas con jurisdicción a lo largo de la frontera, organizaciones ambientalistas, la Defensoría del Pueblo y funcionarios de los sectores involucrados en la problemática de los pueblos en aislamiento.

Oficina de Comunicaciones CIPIACI

"Las declaraciones recientes de funcionarios y personal de Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y la Dirección General de Pueblos Originarios y Afroperuano (DGPOA), sobre la paz en la zona de la frontera Perú-Brasil no son exactas y empeoran la problemática de la población en aislamiento y la asentada en comunidades."

Así lo manifestó Antonio Iviche, coordinador general del Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial de la Amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay (Cipiaci).

Tras la Misión a la frontera Perú-Brasil realizada en junio por una comisión integrada por dirigentes y técnicos de CIPIACI, FENAMAD y la Asociación Asháninka Apiwtxa del río Amonya, Brasil, el organismo constató que la Reserva Territorial Murunahua creada en 1997 por el Estado Peruano está parcialmente invadida por madereros ilegales que ingresan a la zona por afluentes del río Ucayali.

Para facilitar su labor, han abierto una red de caminos desde los cuales penetran el bosque y transportan la madera que vienen extrayendo ilegalmente, mayormente de la especie forestal caoba.

Los madereros vienen causando graves violaciones contra los derechos humanos de la población indígena en aislamiento, como persecuciones, asesinatos, incendio de sus viviendas y capturas. La presión maderera lleva a que los grupos aislados, regularmente distantes uno de otro, vean sus territorios reducidos y se enfrenten entre ellos por el alimento y el espacio vital.

El organismo internacional exigió a través de un pronunciamiento, que se eleve a Decreto Supremo, la norma de creación de las Reservas Territoriales Murunahua y Alto Purús (Mashco Piro). Exhortó además al INRENA, INDEPA y la DGPOA del Mimdes a que retiren a los madereros e implementen sistemas efectivos de protección de la zona.

Asimismo, invocó a la Defensoría del Pueblo, la Contraloría de la República, la Fiscalía Suprema Ambiental y el Congreso de la República, a que investiguen la cadena económica de esta actividad ilegal a fin de ejecutar las acciones administrativas y legales necesarias.

Sobre las fotos que hace algunas semanas se difundieron a nivel mundial pertenecen a grupos que el Frente de Protección Etnoambiental del Río Envira monitorea hace más de 20 años, y son habitantes tradicionales del territorio de Brasil.

Sin embargo, “otras decenas de fotos de las malocas de los indios aislados de la quebrada Xinane, estos si oriundos del Perú” fueron entregadas a la FUNAI y hasta hoy no han sido divulgadas a la prensa.

El CIPIACI en esta oportunidad ha decidido difundir tres de éstas imágenes que sí corresponden a las malocas de indígenas aislados oriundos de Perú y que por primera vez se difunden al público.

Estas imágenes del Frente de Protección son evidencia de la actividad maderera que hace varios años presiona a grupos en aislamiento ubicados en territorio peruano y que no se limitan únicamente al grupo Mashco-Piro.

Los nuevos grupos avistados no deben confundirse con grupos pertenecientes al pueblo Mashco-Piro que también migra y acampa provisionalmente en las cabeceras del río Envira, indicó la nota del Frente de Protección.

Oficina de Comunicaciones CIPIACI

Los indígenas en aislamiento voluntario que se desplazan en la amazonía son tan sólo parte de un grupo mayor de afectados por industrias extractivas que vulneran sus vidas y territorios, según el Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial de la Amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay (CIPIACI).

En el Perú existe una diversidad de pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y tres en contacto inicial vulnerables a las industrias extractivas del petróleo, la minería y la tala ilegal.

Según Beatriz Huertas Castillo, secretaria técnica del organismo internacional, hasta el momento se sabe que serían aproximadamente catorce, aunque podría haber más, ubicados en Loreto, Huánuco, Ucayali, Madre de Dios y Cusco.

La antropóloga manifestó que si el gobierno peruano no garantiza la integridad territorial de estos pueblos, “estaría propiciando conflictos entre los desplazados y las poblaciones que habitan las zonas hacia donde se están dirigiendo, tal como ocurre desde hace años por su necesidad de disponer de territorios y recursos, lo que deviene en trágicos enfrentamientos.”

Al respecto, Antonio Iviche, coordinador general del CIPIACI, pidió el retiro y la sanción ejemplar a los agentes externos que los han invadido y amenazan sus vidas. Asimismo, pidió la adopción de medidas efectivas para garantizar integridad física y socio cultural de estos pueblos en aislamiento voluntario.

Debido a problemas de espacio territorial y riesgo de muerte, otros grupos de indígenas aislados estarían desplazándose entre las fronteras de Perú y Bolivia.

 “En los últimos años se han dado otros desplazamientos de poblaciones indígenas en situación de aislamiento voluntario debido a la invasión de los territorios de estos pueblos y las agresiones y amenazas constantes que vienen sufriendo en sus territorios originarios. Estos hechos han sido denunciados permanentemente desde fines de la década pasada por organizaciones indígenas, la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAD; el gobierno federal brasileño, a través de la FUNAI y especialistas en el tema” manifestó Huertas Castillo, autora de diversas publicaciones sobre pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.

CIPIACI es un comité internacional que trabaja por la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, con el respaldo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Fue constituido el 12 de abril del 2007 por once organizaciones indígenas.

Oficina de Comunicaciones CIPIACI

Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAD, rechaza Ley de Pueblos en Aislamiento Voluntario y en Contacto Inicial y su Reglamento, por fomentar el otorgamiento de concesiones hidrocarburíferas sobre los territorios de los pueblos en aislamiento, y atentar contra sus derechos fundamentales. Referidas leyes significan un retraso de aproximadamente cuarenta años en lo que a reconocimiento de derechos indígenas se refiere.

En el mes de febrero, el consejo directivo de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAD, difundió un pronunciamiento a través del cual denunció la muerte de cuatro indígenas Matsiguenkas en situación de contacto inicial, del Parque Nacional del Manu, debido al contagio de enfermedades respiratorias que habrían sido transmitidas por los miembros de la empresa inglesa productora de audiovisuales “CICADA Films”. FENAMAD demandó al Instituto Nacional de Recursos Naturales, INRENA, aplicar sanciones a quienes resultaran responsables de este hecho e implementar inmediatamente mecanismos de protección adecuados y eficaces.

CIPIACI presenta Recomendaciones para la protección de los pueblos en    aislamiento y en contacto inicial, ante la VII Sesión del Foro Permanente de la ONU    para Cuestiones Indígenas, realizada en Nueva York, entre el 21 de   abril y el 2 de mayo de 2008.

La exposición de las Recomendaciones estuvo a cargo de María Saravia y Almir Narayamoga, miembros del Consejo Directivo del Comité